Con un llamado a la participación activa de los ediles en el debate legislativo, el alcalde de Quintero y presidente de la Asociación de Municipios Ciudades Puertos Concesionados de Chile (AMCPC), Rolando Silva Fuentes, se refirió a la admisibilidad del proyecto de Royalty Portuario, calificándola como una «excelente noticia de justicia social».
La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Brito y prontamente en discusión en las comisiones de Economía y Constitución de la Cámara Baja, establece un tributo de 2 dólares por tonelada de carga transferida para inversión en infraestructura pública, beneficiando a gobiernos regionales y municipios con puertos.

Sin embargo, el jefe comunal fue más allá del agradecimiento a los parlamentarios y planteó una demanda concreta. «Como alcaldes que sabemos de las problemáticas y las necesidades en nuestras comunas tenemos algo que decir, y queremos participar en las comisiones», afirmó Silva.

La petición de participación viene acompañada de propuestas específicas. La AMCPC y Ciudades Puerto que agrupan a comunas portuarias desde Arica a Punta Arenas, busca elevar el monto del royalty y su destino.
«Queremos que no solo sean dos dólares sino tres por tonelada y que se abra el espectro de la inversión en infraestructura a inversión social», señaló la autoridad, destacando que las asociaciones trabajan en esta materia desde 2016 y «tiene mucho que aportar».

Distribución equitativa y voz en directorios

Silva detalló los ejes de su propuesta: «Nuestra intención es que exista una distribución tributaria equitativa». Para ello, plantean un royalty de $3 dólares por tonelada, distribuido en partes iguales entre el Gobierno Regional y los municipios.
Además, exigen participación directa en la gestión portuaria. «Los alcaldes deben tener participación en las asambleas de directorio de los puertos: en los públicos con voz y voto, y en los privados con voz», explicó. El objetivo, según Silva, es ser «escuchados al interior de las empresas y no como espectadores fuera de ellas».

La admisibilidad del proyecto genera expectativa en los 17 municipios portuarios del país, sentando, en palabras del alcalde, «las bases para una justa propuesta de royalty portuario y con el anhelo que pronto sea ley».